Protección De Datos En Chile A Nivel Constitucional Y Legal.

Regulación de la Protección de Datos en Chile

La forma en que se gestionan los datos personales ha evolucionado significativamente, pasando de métodos manuales a sistemas digitales avanzados. Anteriormente, la recopilación y tratamiento de datos se realizaban de manera manual, lo que limitaba los riesgos de vulneración de la privacidad. Sin embargo, con la digitalización y el avance de tecnologías como el big data y la inteligencia artificial, el manejo de grandes volúmenes de información se ha vuelto más complejo y riesgoso.

Este cambio ha llevado a un fenómeno conocido como “capitalismo de la vigilancia”, donde la información personal se convierte en un recurso valioso, usado para predecir comportamientos y comercializado en mercados. En este contexto, las personas pierden el control sobre sus datos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la autonomía individual.

Protección de Datos en la Constitución Chilena

La protección de datos en Chile fue elevada al rango constitucional con la reforma del artículo 19 N° 4 de la Constitución en 2018, mediante la Ley N° 21.096. Este artículo garantiza el respeto a la vida privada y la protección de los datos personales, estableciendo que su tratamiento y protección se realizarán según lo dispuesto por la ley. La inclusión de este derecho en la Constitución busca asegurar el control de los individuos sobre sus datos, conocido como el derecho a la autodeterminación informativa.

Este enfoque constitucional otorga un mandato al legislador para definir las condiciones específicas de la protección de datos, y aunque se reserva el desarrollo de este derecho a la ley, se reconoce que los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) son fundamentales para su ejercicio.

Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada

La Ley N° 19.628, promulgada en 1999, regula la protección de los datos personales en Chile. Su título puede llevar a confusión, ya que se refiere a la protección de la vida privada en general, pero su objetivo principal es la protección de los datos de carácter personal.

Esta ley establece que el tratamiento de datos personales solo puede realizarse con autorización legal o con el consentimiento expreso del titular. Existen excepciones a este consentimiento, como el tratamiento de datos de fuentes públicas o para fines comerciales específicos, pero estas son amplias y ambiguas, lo que genera dudas sobre su aplicación.

La ley también otorga derechos a los titulares de los datos, similares a los derechos ARCO, como el derecho a solicitar la rectificación o cancelación de sus datos. Si el responsable del banco de datos no responde a estas solicitudes, el titular puede recurrir a los tribunales mediante la acción conocida como “habeas data”.

En caso de infracción, el responsable del tratamiento de datos puede ser sancionado con multas y obligado a indemnizar por daños. Además, la ley estipula que, para el tratamiento de datos sensibles, siempre se debe obtener el consentimiento del titular.

Normativas Adicionales

Dada la insuficiencia de la Ley N° 19.628 para proteger plenamente los derechos de los titulares de datos, existen otras leyes y normativas que también regulan aspectos relacionados con la protección de datos en Chile. Algunas de estas normativas incluyen:

• Ley N° 20.575: Establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.

• Leyes de Salud: Regulan la protección de datos en el ámbito de la atención en salud y la investigación científica.

• Ley N° 19.799: Sobre documentos electrónicos y firma electrónica.

• Código del Trabajo: Incluye disposiciones sobre la protección de datos en el ámbito laboral.

• Ley N° 18.290: Regula el tratamiento de datos en el contexto del tránsito.

• Ley N° 21.459: Establece normas sobre delitos informáticos.

• Ley N° 21.180: Sobre la transformación digital del Estado.

• Normativa del Consejo para la Transparencia: Protege los datos personales en el sector público.

Estas normativas reflejan un enfoque disperso y poco sistemático en la protección de datos en Chile, lo que dificulta su aplicación efectiva ante los desafíos tecnológicos actuales.

Conclusión

La protección de datos en Chile ha avanzado, especialmente con la incorporación de este derecho en la Constitución. Sin embargo, la legislación actual presenta lagunas y ambigüedades que requieren atención, especialmente ante el rápido desarrollo de las tecnologías digitales. Es crucial que la normativa continúe evolucionando para asegurar un control efectivo de los individuos sobre su información personal en este nuevo entorno tecnológico.