¿En qué países de Latinoamérica es legal el juego en línea?
El primer casino online fue fundado en 1994 por Microgaming. Aunque ya pasaron casi tres décadas de ese evento, numerosos países todavía no cuentan con una legislación específica. Chile es uno de ellos. En este artículo veremos qué sucede en otros sitios de la región y qué podría pasar en meses venideros.
Colombia
Colombia es el país de la región que primero tuvo su ley para regular el juego online. En 2016 se terminó de establecer la legislación y en 2017 el gobierno entregó las primeras licencias para apuestas a través de Internet. Si te interesa saber más sobre los casinos online en esta región, aquí hay algunos que puedes probar con Paypal.
El ente gubernamental con el poder de supervisar el cumplimiento de obligaciones en el país se llama Coljuegos. Aunque es una “empresa del Estado” vinculada al Ministerio de Hacienda (Poder Ejecutivo), tiene la libertad suficiente para establecer directivas importantes sobre el sector sin pasar por el Congreso.
Por ejemplo, en 2023 estableció un límite a la publicidad de apuestas que entrará en vigencia en enero de 2024. Además, Coljuegos puede realizar todo tipo de correcciones técnicas y regulaciones específicas sobre algunos juegos.
Casi todo lo recaudado a través de los impuestos al juego se destina a transferencias a la Salud Pública de Colombia. Estas transferencias se informan al público a través de reportes mensuales que la empresa estatal publica en su portal web.
Argentina
En Argentina la regulación es bastante más compleja, ya que al ser una república federal, las provincias tienen la potestad para legislar sobre algunos asuntos particulares. El juego es uno de ellos.
Esto significa que los casinos online que son legales en una provincia pueden no serlo en otra. Al mismo tiempo, puede haber provincias que impidan todo tipo de operación. De hecho, gran parte de los distritos aprobó sus leyes de juego online durante la pandemia, mientras mantenían las prohibiciones de circulación.
Para dar algo de claridad al tema, podemos decir que los distritos con al menos un operador legal inscripto en ALEA (la Asociación de Loterías) incluye a Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires, San Luis, Misiones, Córdoba, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta y Santa Fe.
Brasil
Brasil prohibió los juegos de azar en 1941. Es decir, a pesar de ser un país enorme con una industria hotelera y turística impresionante, Brasil no tiene casinos. Sin embargo, todo puede cambiar en el mediano plazo.
En 2022 la cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para regular las apuestas que ahora se encuentra en debate en el Senado. Si esta legislación fiscal para apuestas online en Brasil sale adelante, se legalizará esta parte específica de los juegos. Esto podría desembocar en una apertura total para el sector de casinos en los próximos años.
Según proyecciones iniciales, el Poder Ejecutivo brasileño espera recaudar 1,6 mil millones de Reales (324,780,800 dólares) en 2024 solo por el concepto de apuestas online.
Chile
En octubre de 2023, la Comisión de Economía terminó de realizar ajustes a un proyecto para regular las apuestas online que ahora sigue su curso en Diputados. Esto quiere decir que está en manos de los legisladores que Chile tenga una ley para regular el sector de casinos online y apuestas deportivas en línea que abarque todo el país.
Mientras tanto, recientemente la Corte Suprema de Chile declaró ilegales a 20 plataformas que operaban hasta entonces sin problemas en el país. Los operadores, unidos con el asesoramiento de todo tipo de abogados, han desafiado el fallo argumentando que “no existe una prohibición clara de la actividad”.
México
La legislación que rige hoy en México sobre el sector de los casinos online es la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947.
El texto que hoy está vigente especifica las pautas para la operación de los casinos, incluyendo requisitos legales, licencias y restricciones. Sin embargo, como tiene más de 76 años, no dice nada de casinos a través de Internet.
Diversas entidades abogan por su actualización. Aunque es difícil prever cómo se desarrollará este asunto en el futuro cercano, es evidente que un cambio en las medidas podría resultar beneficioso.
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