¿Qué Es El Derecho Penal?

¿Qué es el derecho penal?

El derecho penal es una disciplina jurídica fundamental que regula la potestad punitiva del Estado, es decir, la capacidad del Estado para castigar conductas que se consideran contrarias al orden social y a la convivencia pacífica. Este conjunto de normas jurídicas se encarga de asociar ciertos hechos legalmente determinados con una pena, o con una medida de seguridad o corrección, con el objetivo de preservar y respetar los valores fundamentales sobre los cuales se asienta la convivencia humana. Como lo define Enrique Cury, el derecho penal no solo establece qué comportamientos son considerados delictivos, sino que también especifica las consecuencias legales que se derivan de tales actos.

El derecho penal, por tanto, puede ser entendido como la parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas a través de las cuales el Estado prohíbe o impone determinadas acciones y establece penas para la contravención de dichas órdenes, tal como lo describe el profesor don Alfredo Etcheberry. Desde esta perspectiva, se puede observar que el derecho penal tiene un rol crucial en la estructura jurídica de una sociedad, ya que es el mecanismo a través del cual el Estado mantiene el orden y protege los derechos fundamentales de los individuos.

De las definiciones proporcionadas por Cury y Etcheberry, se derivan dos principios fundamentales que caracterizan al derecho penal.

1. El Estado como único titular del ius puniendi

El primero de estos principios es que el derecho de castigar, conocido en latín como ius puniendi, recae exclusivamente en el Estado. Esto está estrechamente relacionado con el principio de legalidad, que se expresa en el aforismo “nullum crimen, nulla poena sine lege”, es decir, “no hay delito ni pena sin ley”. En otras palabras, solo el Estado, a través de sus instituciones legales y judiciales, tiene la autoridad para definir qué conductas son delictivas y cuáles no, y para imponer las sanciones correspondientes. Los particulares, por tanto, no tienen la potestad de calificar conductas como delictivas ni de aplicar castigos; esta prerrogativa está reservada únicamente al poder estatal.
Asimismo, los funcionarios administrativos tampoco pueden asumir esta función, ya que el principio de inexcusabilidad, que establece que ningún juez puede negarse a dictar sentencia bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no aplica en este contexto.

Este monopolio estatal sobre el castigo es fundamental para garantizar la justicia y evitar la arbitrariedad. Al centralizar el poder punitivo en el Estado, se busca asegurar que las sanciones sean aplicadas de manera justa y uniforme, siguiendo procedimientos legales establecidos, y no de forma caprichosa o vengativa por parte de individuos o grupos particulares.

2. El derecho penal como regulador de conductas humanas

El segundo principio fundamental es que el derecho penal se enfoca en las conductas humanas, tanto acciones como omisiones. Es decir, lo que el derecho penal castiga no son los pensamientos o intenciones, sino los actos concretos que vulneran el orden jurídico. Estas conductas, al ser consideradas delictivas, desencadenan una serie de consecuencias legales para el individuo que las comete.

Según la definición de Cury, cuando alguien comete un delito, la consecuencia es la imposición de una pena o de una medida de seguridad o corrección. La pena es la respuesta del Estado ante la comisión de un delito y puede consistir en la privación o restricción de ciertos bienes jurídicos del delincuente, como la libertad, los derechos civiles, o la propiedad. Además de la pena, pueden aplicarse medidas que buscan prevenir la comisión de futuros delitos, lo que refleja el doble propósito del derecho penal: no solo castigar, sino también prevenir.

Función del derecho penal: represión y prevención

El derecho penal tiene, por tanto, una doble función. Por un lado, cumple una función represiva, que busca castigar al infractor y reafirmar las normas sociales; por otro lado, tiene una función preventiva, orientada a evitar la comisión de futuros delitos. Esta función preventiva pone especial énfasis en la rehabilitación del delincuente, con el objetivo de reintegrarlo a la sociedad. Un ejemplo de esto son los beneficios establecidos en la Ley 18.216, que incluyen la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna, y la libertad vigilada.

Finalmente, la definición del profesor don Enrique Cury subraya que el objetivo último del derecho penal es el respeto y la protección de los valores fundamentales sobre los cuales descansa la convivencia humana. Al garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas y al sancionar las conductas que las vulneran, el derecho penal contribuye a mantener el orden social y a proteger los derechos y libertades de los individuos dentro de la comunidad.